Algo sucio se cocina en Cajamarca

Por Oscar Torres

Algo extraño se cocina en Cajamarca. Pese a que todos saben que una banda asola las zonas de Jaén y Bagua Chica, y que es la responsable del ataque a la comisaría de Santa Rosa de La Yunga, algunos sectores ligados a órganos de inteligencia insisten en culpar a grupos subversivos por los hechos.

Algo parecido a lo que ocurrió en noviembre tras el robo de armas en Puerto Ciruelo (Bagua Chica), cuando el entonces ministro del Interior, Oscar Valdés, dejó entrever que las armas estaban yendo a manos de los opositores del Proyecto Conga. La visión de las autoridades del Interior no varió tras la captura de algunos de los responsables del asalto.

El golpe contra "Los sanguinarios de Bagua" fue ejecutado por un grupo especial de la Policía, del que formó parte el comisario de Santa Rosa de la Yunga, Armando Barrantes Hurtado. En el operativo se logró capturar a tres de los delincuentes que robaron las armas en Puerto Ciruelo.

La captura se produjo en el distrito de Copallín y en el tiroteo murió Juan Carlos Calderón, uno de cuyos hermanos pertenece a la banda responsable del último ataque en el que murieron cinco personas, entre ellas, el comisario Barrantes y uno de sus hijos.

Lo extraño es que pese a las pruebas presentadas por los efectivos policiales contra los detenidos, éstos fueron posteriormente liberados por el Poder Judicial y no fueron objeto de seguimiento por parte de los agentes policiales. Con las manos libres volvieron a actuar, pues no se tomaron medidas de prevención, pese a que anunciaron venganza.

El presidente regional Gregorio Santos recordó que antes de potenciar a las comisarías, Valdés deslizó la idea de que las armas robadas en noviembre eran para los opositores a Conga, sin tomar en cuenta que todos los indicios apuntaban a la banda que asolaba Bagua y Jaén, y que había sufrido golpes importantes de parte de la Policía y de las rondas en los últimos meses.

Tras señalar que son muy extrañas las razones de la liberación de los delincuentes, pidió explicaciones a las autoridades judiciales sobre las liberaciones de los prontuariados, algunos de los cuales habrían participado en el ataque a la comisaría de Santa Rosa. Y dijo que para ellos es fácil escapar a la acción de la justicia, pues se internan en la selva y luego retornan para ejecutar sus actos de venganza.

Santos también culpó a la inteligencia policial por descuidar el seguimiento de los miembros de la banda, que anunciaban venganza tras la captura de sus miembros. En vez de eso, dijo, se dedicaron a perseguir a los dirigentes sociales que se oponen al proyecto minero.

De acuerdo a su versión, las comisarías de las zonas de frontera y de Jaén y Bagua no cuentan con efectivos ni con unidades de transporte, pese a que se registra un alto crecimiento delictivo a raíz de la presencia del narcotráfico y de una economía boyante, gracias a los altos precios del café.

Las cosas se agravan, añadió, porque las normas le impidan al gobierno regional gastar en la mejora de las unidades policiales, cuyos patrulleros se encuentran inservibles. La ley establece que no puede gastar los dineros de la institución en otros organismos del Estado. Por eso, los comisarios de la zona tienen que apelar a polladas y rifas para agenciarse recursos para la renovación de equipos y armamento.

Lo más grave es que en Ambato y Tamborapa, ciudades que unen a las provincias de Jaén y San Ignacio y en las que sus comisarías tienen a su cargo amplias zonas bajo responsabilidad, no cuentan con más de cinco efectivos policiales, cifra ridícula para enfrentar a bandas sanguinarias.

Y encima de eso tienen que atender la seguridad de los distritos de Colpa, San José del Alto y Tabaconas, por lo que, en esos corredores, los policías se ven obligados a pedir el auxilio de las rondas, que han sufrido la muerte de varios de sus miembros, como ocurrió en el caserío de Chumba.

En esas zonas, algunas rondas están mejor preparadas que los custodios del orden, pues cuentan con unidades vehiculares en las zonas urbanas, que prestan apoyo a las desvalidas comisarías del lugar, donde es casi imposible el auxilio ante el ataque delincuencial.

Santos consideró que Valdés y el hoy ministro del Interior, Daniel Lozada, deben responder por su inacción ante el Congreso de la República, pues no adoptaron medidas de prevención pese a que se sabía que la banda preparaba nuevos hechos de violencia para vengar la muerte y detención de sus cabecillas.

Y deben responder por qué organismos de inteligencia insisten en culpar a "grupos subversivos".