INVOCANDO AL CRISTO DE LO ROBADO
Con el 70% de respaldo que, según Ipsos/Apoyo, otorgan los encuestados a Ollanta Humala entramos en la fase decisiva de la transición. Aparentemente el caballazo de Alan García, de imponer un Cristo de acrílico en el Morro Solar arrasando con la institucionalidad y utilizando los espacios públicos como si de su chacra se tratara, terminará imponiéndose. Ha sido decisivo el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal bendiciendo el arranque presidencial: "Consideramos este noble gesto suyo, señor Presidente, como una manifestación de fe y una contribución a los valores que engrandecen el alma peruana". Gana Alan García en la escena oficial, pero pierde en el terreno que más le importa, mantenerse políticamente vigente hasta el 2016. Los nombres con que el ingenio popular ha bautizado a la efigie, especialmente "el Cristo de lo Robado", se encargarán de mantener viva la memoria de aquello que García quisiera ardientemente que se olvide.
En la línea de mantener viva esa memoria es necesario no dejarse cegar por los fuegos artificiales y prestar atención al juicio a los implicados en el chuponeo realizado por Business Track (BTR). Esta semana prestó su testimonio uno de los acusados principales: Carlos Tomasio de Lambarri, capitán de fragata (r) y segundo en la línea de mando encabezada por Elías Ponce Feijóo, ambos actualmente en prisión. Tomasio ha formulado una grave acusación que compromete la credibilidad del PJ: afirma que estaban con Ponce Feijóo en la Dirandro escuchando audios y tuvo lugar un imprevisto que desencadenó un conjunto de hechos irregulares: "Un policía dijo 'esa es la voz del presidente García'. En ese momento se paralizó todo, incluso los fiscales salieron del lugar, empezaron a llamar por teléfono y la diligencia nunca se reanudó" (LR, 18/6/11).
La grabación no figura entre los audios a los cuales tuvo acceso la jueza María Martínez. Es bueno recordar que cuatro memorias USB incautadas a Giselle Giannotti, con grabaciones de conversaciones telefónicas, se perdieron o fueron reemplazadas en medio de la investigación policial y judicial. Tomasio ha reconocido asimismo su implicación, conjuntamente con Ponce Feijóo, en la entrega de dos computadoras al ex agente de inteligencia naval Martín Fernández Vírhuez, quien en su momento reconoció en una audiencia oficial que estos equipos se utilizaron para chuponear los teléfonos de Alberto Químper y Rómulo León Alegría.
¿Confiesa Tomasio porque está interesado en que se haga justicia? Lo probable es que sus declaraciones tengan la misma motivación que las formuladas hace un tiempo por Ponce Feijóo, que reseñé en un artículo anterior: "Hablando sobre los actos de corrupción de Rómulo León (Ponce Feijóo) afirma que informó al Apra 'a través de los mismos intermediarios y canales que usé con el candidato Alan García en la campaña presidencial del 2006'... Gustavo Gorriti ha denunciado en su libro Petroaudios que el 2006 el entonces candidato García recurrió a Ponce Feijóo para que chuponeara a Ollanta Humala, faena recompensada cuando García llegó al poder ascendiendo al marino a contralmirante, a pesar de que ya había pasado al retiro" ("La mechadera del tío George", LR, 11/1/11). Aparentemente Ponce Feijóo y Tomasio están enviando el mensaje de que pueden hacer mucho daño si hablan, y los interesados tendrán que comprar su silencio.
La derrota de Keiko ha devuelto al fujimorismo a la defensa del verdadero punto único de su programa: la libertad de Alberto Fujimori. El panorama, sin embargo, no les es propicio; según la encuesta de Ipsos/Apoyo ya citada apenas un 28% de los encuestados opina que Fujimori debe ser amnistiado, un 36% considera que debiera endurecerse su régimen de reclusión, trasladándolo a una cárcel común, y un 29% cree que debe continuar en la Diroes. Con apenas una cuarta parte del país a favor de la amnistía y con las dos terceras que considera que debe cumplir la condena que le impuso la justicia, parece poco probable que Alan García se atreva a decretar una amnistía a cambio de los votos fujimoristas en el próximo Congreso, para protegerse de las investigaciones sobre corrupción que deberán ponerse en el orden del día.