Manchada en sangre. CANDIATA DEL APRA DEBE RESPONDER POR MATANZA
Por: Helio Ramos
La flamante candidata presidencial aprista para el 2011, Mercedes Aráoz, ex titular del portafolio de Economía, tiene muchas cosas por las que responder, principalmente referidas al Baguazo, ocurrido el 5 junio de 2009, en donde las protestas nativas contra los decretos legislativos aprobados por el Ejecutivo en el marco del TLC con Estados Unidos dejaron 24 policías y 10 civiles muertos.
Ante estos luctuosos sucesos, el Congreso de la República formó una comisión investigadora, presidida por Guido Lombardi (Unidad Nacional), que realizó cuatro informes, uno en mayoría y tres en minoría. Dos de ellos no fueron favorables para la hoy candidata del partido de la estrella.
Manchada de sangre
Lo cierto es que la hoy candidata aprista defendió a capa y espada los decretos legislativos con el argumento que si se derogaban peligraba el TLC con Estados Unidos. Al final, el DL fue derogado y el TLC sigue viento en popa.
El congresista nacionalista Daniel Abugattás, señaló que la responsabilidad de Aráoz por el Baguazo es total. "Ella le mintió al país, provocó esa posición extremista de no ceder y no derogar los decretos legislativos que eran inconstitucionales. En ese sentido, creo que tiene las manos manchadas de sangre y eso no se lo va a quitar nadie", dijo a LA PRIMERA.
Después de varios meses de investigación, tanto Lombardi como el congresista Víctor Isla (nacionalista) presentaron informes individuales. Ambos encontraron, entonces, que Mercedes Aráoz tenía responsabilidad no sólo política sino también penal.
En sus conclusiones, Isla acusó al presidente Alan García y a la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas de homicidio culposo, mientras que a Aráoz la halló responsable del delito de falsedad genérica.
Lombardi, por su parte, propuso investigar a Aráoz, por su actuación como ministra de Comercio Exterior, a Yehude Simon (ex premier) y a Octavio Salazar (entonces Director General de la Policía) y acusó a Cabanillas de "incapacidad absoluta" en el manejo del conflicto.
Según el legislador, la acusación contra Aráoz se fundamentaba en su incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ("Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes") suscrito por el Perú. En tal sentido, estaba legalmente obligada a cumplir sus estipulaciones.
Añadió que Aráoz no explicó correctamente al Consejo de Ministros los alcances de los decretos considerados lesivos por las comunidades amazónicas, para no poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.
El decreto ley 1090 –que fue derogado por el Congreso tras la masacre en la Curva del Diablo–, disponía, entre otras cosas, la explotación económica de áreas forestales protegidas siempre y cuando se trate de proyectos de "interés nacional". Esta norma habría requerido la consulta de los pueblos indígenas de acuerdo a lo dispuesto en el convenio de la OIT.
A juicio de Lombardi, la actitud del ex primer ministro Simon es inexplicable, puesto que acusa a Mercedes Aráoz del 'Baguazo' pero en su momento no le pidió su renuncia ni dimitió en su cargo por una cuestión de honor.
Además, calificó como "bochornoso" que la ex titular del Interior, Mercedes Cabanillas, "pretenda hacer creer que no tenia comando, cuando fue ella quien colocó al mando, 48 horas antes, al general PNP Elías Muguruza, ex jefe de la Diroes, y a quien le dio la orden directa de actuar con toda energía y rapidez".
"Me parece de espanto que se haya condecorado después de este operativo a quienes lo ejecutaron. Creo que por vergüenza y pudor, la ex ministra y los generales reconocidos deberían devolver esas condecoraciones", precisó Lombardi.
El congresista Humberto Falla (APRA) –que elaboró otro de los informes congresales–, señaló que Aráoz no tuvo responsabilidad en la elaboración de los decretos legislativos que desencadenaron la protesta nativa, lo cuales habrían sido elaborados por el Ministerio de Agricultura. "Ella demostró que esos proyectos no los elaboró el Mincetur (de la que era titular)", dice.
Pese a que Aráoz sí aceptó su "responsabilidad política" como miembro del Poder Ejecutivo, para Falla la responsabilidad en los sucesos de Bagua ya están debidamente justificados con la renuncia del gabinete Simón.
Otra es la opinión de Lombardi, quien sugirió que la Comisión de Acusaciones Constitucionales evalúe la conveniencia de investigar a los tres ministros en cuestión e indicó que dentro de este grupo de trabajo ya existe una demanda en contra del actual ministro del Interior, Octavio Salazar, por negar información valiosa a quienes la requirieron en su momento.
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