LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO: LO QUE SE QUIERE OCULTAR
Al fin de la guerra civil española, en abril de 1939, se contabilizaron medio millón de muertos y más de cien mil desaparecidos, la mayoría de ellos ejecutados por las hordas del franquismo que buscaron saciar así su sed de victoria sobre aquellos que habían osado defender al régimen republicano.
Después del triunfo fascista unos 50.000 republicanos, sospechosos de militar en el comunismo, el anarquismo y el socialismo, fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes. En las cárceles se hacinaron 270.000 personas. El terror llevó al exilio a más de 400.000 hispanos, la mitad de los cuales no volvió más.
Desde entonces la dimensión de los crímenes quedó sepultada bajo el yugo de una de las dictaduras más feroces del siglo pasado. Pero el recuerdo de las víctimas quedó en la memoria de sus seres queridos. Fueron ellos los que pidieron al juez Baltazar Garzón indagar por la suerte de más de 114 mil desaparecidos.
La decisión de investigar estos hechos le ha costado el cargo a Garzón luego que la Audiencia Nacional lo declarara incompetente para investigar las desapariciones de las víctimas. La investigación de esos hechos, el de los secuestros de los hijos y la búsqueda de fosas comunes, excoriaron a la derecha española, heredera del franquismo.
Remover las huellas del pasado no estaba en su agenda, pues sólo en los archivos históricos de Alcalá de Henares se contabilizan 300 mil ejecuciones y más de 3 millones y medio de personas torturadas y apresadas. Casi la mitad de la población adulta. El juez Garzón alegó que el delito de desaparición forzada no prescribe de acuerdo a las leyes, pero la fiscalía respondió que ese delito estaba comprendido en la Ley de Amnistía de 1977, aprobada tras la muerte de Francisco Franco.
Y pese a que juez declaró extinguida la responsabilidad del dictador y los altos jefes militares, y que remitió los casos de las desapariciones a los juzgados territoriales, sus detractores no le perdonaron.
Manuel Perona, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Catalunya, cree que nadie se atreverá a investigar tras la decisión del Tribunal Supremo y del juez Luciano Varela (a cargo de la denuncia contra Garzón). “Este es probablemente el objetivo. Un auténtico desastre", concluye.
Es cierto. Lo que se pretende ocultar es la dimensión del terror franquista, comparable con otras experiencias fascistas del viejo continente, como la italiana y la alemana. Una represión diseñada por los militares y la oligarquía para defender sus intereses económicos. La Segunda República constituyó un duro golpe contra los pilares de la burguesía parasitaria española, heredera de la monarquía y el latifundismo. Banqueros como Juan March financiaron el alzamiento militar a cargo de los generales Mola, Queipo del Llano y Franco. Nadie desconoce que los financistas de Franco, eran banqueros y nombres ilustres de la aristocracia, emparentados con la Iglesia Católica.
El golpe franquista
Francisco Franco Bahamonde fue uno de los golpistas que suscribió el pronunciamiento militar de 1936 que desembocó en la Guerra Civil Española. Fue investido como Jefe Supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936 y ejerció como Jefe de Estado desde el fin del conflicto, hasta su muerte en 1975.
Franco fue el líder de la Falange Española, que aglutinó a diferentes tendencias del conservadurismo, del nacionalismo y del catolicismo conservador, que se alzó contra la República por temor al creciente avance de las fuerzas de izquierda. El alzamiento se produjo tras el triunfo del gobierno del Frente Popular -en la que participaban republicanos, socialistas y comunistas- que derrotó a los grupos oligárquicos en las elecciones del 16 de febrero de 1936.
Tras la creciente convulsión social por las dificultades para hacer avanzar las reformas, los enfrentamientos entre la derecha y los republicanos se multiplicaron. Fue en esas circunstancias que la Falange intentó crear un clima de terror y zozobra. El odio se acrecentó en medio de la inacción del gobierno frente a la violencia azuzada por la prensa y la derecha.
La oligarquía financiera y los terratenientes financiaron la conspiración. Ante la indecisión del gobierno frente a los golpistas, las fuerzas populares organizadas en milicias se enfrentaron a los sublevados. En esos enfrentamientos sale a relucir la organización de comunistas y anarquistas.
Allí donde la sublevación fracasó, las fuerzas populares iniciaron una revolución social que pretendía terminar con los privilegios de las castas dominantes. De allí el odio de los triunfadores contra el pueblo desarmado. El régimen fascista encargó las cárceles a verdaderos psicópatas, las escuelas a los seguidores del falangismo, el ejército a africanistas herederos del esclavismo, y la policía a torturadores profesionales.
Si algunos se preguntan todavía por la existencia de ETA, habría que recordarles que más de seis mil vascos fueron ejecutados por los seguidores de Franco en los años posteriores al golpe de Estado. Desamparados, vilipendiados durante el franquismo, un manto de olvido se tendió sobre las víctimas, sus familias y sus ideales.
Gracias a las investigaciones recientes, esos hombres y mujeres han salido a la luz y han recuperado su protagonismo. Así como las circunstancias de sus detenciones y fusilamientos, los nombres de sus verdugos, los métodos para la implantación del terror, las complicidades y la represión.
Y no es verdad que España quiera enterrar el pasado. El magistrado Martín Pallín, hijo de un militar golpista, señaló que las leyes de amnistía aprobadas en 1976 y 1977 son "inconstitucionales", ya que la Constitución de 1978 "prohíbe el indulto general". Pero eso no basta en una sociedad en la que buena parte de los magistrados provienen del franquismo, fuerza representada por el Partido Popular, cuya figura más conocida es José María Aznar, ex presidente del gobierno y amigo de Alan García.
El trabajo de Garzón podría afectar las posibilidades del partido derechista de retornar al gobierno, pues él había iniciado una investigación por corrupción y blanqueo de dinero, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. El llamado caso Gürtel. Todos los involucrados pertenecen al Partido Popular.