Por: Helio Ramos

 

La flamante candidata presidencial aprista para el 2011, Mercedes Aráoz, ex titular del portafolio de Economía, tiene muchas cosas por las que responder, principalmente referidas al Baguazo, ocurrido el 5 junio de 2009, en donde las protestas nativas contra los decretos legislativos aprobados por el Ejecutivo en el marco del TLC con Estados Unidos dejaron 24 policías y 10 civiles muertos.

Ante estos luctuosos sucesos, el Congreso de la República formó una comisión investigadora, presidida por Guido Lombardi (Unidad Nacional), que realizó cuatro informes, uno en mayoría y tres en minoría. Dos de ellos no fueron favorables para la hoy candidata del partido de la estrella.

Manchada de sangre

Lo cierto es que la hoy candidata aprista defendió a capa y espada los decretos legislativos con el argumento que si se derogaban peligraba el TLC con Estados Unidos. Al final, el DL fue derogado y el TLC sigue viento en popa.

El congresista nacionalista Daniel Abugattás, señaló que la responsabilidad de Aráoz por el Baguazo es total. "Ella le mintió al país, provocó esa posición extremista de no ceder y no derogar los decretos legislativos que eran inconstitucionales. En ese sentido, creo que tiene las manos manchadas de sangre y eso no se lo va a quitar nadie", dijo a LA PRIMERA.

Después de varios meses de investigación, tanto Lombardi como el congresista Víctor Isla (nacionalista) presentaron informes individuales. Ambos encontraron, entonces, que Mercedes Aráoz tenía responsabilidad no sólo política sino también penal.

En sus conclusiones, Isla acusó al presidente Alan García y a la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas de homicidio culposo, mientras que a Aráoz la halló responsable del delito de falsedad genérica.

Lombardi, por su parte, propuso investigar a Aráoz, por su actuación como ministra de Comercio Exterior, a Yehude Simon (ex premier) y a Octavio Salazar (entonces Director General de la Policía) y acusó a Cabanillas de "incapacidad absoluta" en el manejo del conflicto.

Según el legislador, la acusación contra Aráoz se fundamentaba en su incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ("Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes") suscrito por el Perú. En tal sentido, estaba legalmente obligada a cumplir sus estipulaciones.

Añadió que Aráoz no explicó correctamente al Consejo de Ministros los alcances de los decretos considerados lesivos por las comunidades amazónicas, para no poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.

El decreto ley 1090 –que fue derogado por el Congreso tras la masacre en la Curva del Diablo–, disponía, entre otras cosas, la explotación económica de áreas forestales protegidas siempre y cuando se trate de proyectos de "interés nacional". Esta norma habría requerido la consulta de los pueblos indígenas de acuerdo a lo dispuesto en el convenio de la OIT.

A juicio de Lombardi, la actitud del ex primer ministro Simon es inexplicable, puesto que acusa a Mercedes Aráoz del 'Baguazo' pero en su momento no le pidió su renuncia ni dimitió en su cargo por una cuestión de honor.

Además, calificó como "bochornoso" que la ex titular del Interior, Mercedes Cabanillas, "pretenda hacer creer que no tenia comando, cuando fue ella quien colocó al mando, 48 horas antes, al general PNP Elías Muguruza, ex jefe de la Diroes, y a quien le dio la orden directa de actuar con toda energía y rapidez".

"Me parece de espanto que se haya condecorado después de este operativo a quienes lo ejecutaron. Creo que por vergüenza y pudor, la ex ministra y los generales reconocidos deberían devolver esas condecoraciones", precisó Lombardi.

El congresista Humberto Falla (APRA) –que elaboró otro de los informes congresales–, señaló que Aráoz no tuvo responsabilidad en la elaboración de los decretos legislativos que desencadenaron la protesta nativa, lo cuales habrían sido elaborados por el Ministerio de Agricultura. "Ella demostró que esos proyectos no los elaboró el Mincetur (de la que era titular)", dice.

Pese a que Aráoz sí aceptó su "responsabilidad política" como miembro del Poder Ejecutivo, para Falla la responsabilidad en los sucesos de Bagua ya están debidamente justificados con la renuncia del gabinete Simón.

Otra es la opinión de Lombardi, quien sugirió que la Comisión de Acusaciones Constitucionales evalúe la conveniencia de investigar a los tres ministros en cuestión e indicó que dentro de este grupo de trabajo ya existe una demanda en contra del actual ministro del Interior, Octavio Salazar, por negar información valiosa a quienes la requirieron en su momento. 

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Por: Carlos Tovar "Carlín"

El título puede parecer provocador a algunos y, tal vez, incomprensible a otros. Se trata de un problema teórico, sin duda, pero es una cuestión capital, sobre la que pesa un enorme equívoco que es nuestro propósito empezar a despejar.

Cuando Marx, en la famosa Crítica del programa de Gotha, habla de dictadura del proletariado, lo hace en un sentido amplio, que luego se ha ido desdibujando en sus intérpretes, hasta llegar a trastocarse:

Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el período de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este período corresponde también un período político de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado.

Recapitulemos. Para Marx, todo Estado es, por definición, el órgano de dominación de una clase (o, en ciertos casos, de una alianza de clases) sobre la sociedad. Luego, todo Estado es, en última instancia, una dictadura.

Las formas políticas que adopta esa dictadura son, sin embargo, diferentes en cada etapa del desenvolvimiento de la sociedad. En palabras sencillas: no todas las dictaduras son iguales (¡y vaya que no lo son, aquí está el quid de la cuestión!).

Resultaría ocioso extenderse en explicar que el paso del régimen esclavista al régimen feudal significó un avance de la historia (se cambia la esclavitud por la servidumbre), y que, de igual manera, el paso del régimen feudal al régimen burgués significó otro gran avance (se cambia la servidumbre por el trabajo asalariado). Las formas políticas que adopta el Estado burgués obedecen a que, en su enfrentamiento con la feudalidad, necesita afirmar los derechos del individuo, para permitir el libre funcionamiento del mercado, como bien sabemos.

Es esa necesidad de la burguesía la que genera la forma institucional del Estado burgués, forma que, en términos generales, se conoce como la República Democrática. Son características de esa forma política el voto universal, la democracia parlamentaria y la libertad de opinión y pensamiento, principalmente.

Esas libertades democráticas, ninguna de las cuales existía en el régimen feudal, son, al mismo tiempo que conquistas de la burguesía, conquistas de la humanidad. Son avances en el arduo camino del ser humano hacia su libertad verdadera. Vistos dialécticamente, esos avances son al mismo tiempo, liberadores y limitantes. Son liberadores porque permiten al individuo el acceso a derechos que no tenía en la sociedad precedente. Pero son limitantes porque, al mismo tiempo, permiten que se mantenga la dominación de la burguesía sobre la sociedad y, con ella, la explotación del hombre por el hombre.

Lo que Marx dice es que todas esas instituciones democráticas, con todo lo avanzadas que pueden ser, siguen manteniendo la dictadura de la burguesía. Todos los Estados contemporáneos, incluso los más liberales y menos represivos de entre ellos, son formas de la dictadura de la burguesía. Lo son, sencillamente, porque la sola existencia del Estado es prueba de que existe la dictadura de una clase sobre las demás.

Este enunciado, que puede parecer condenatorio de la democracia burguesa, es, si vemos la cuestión dialécticamente, su más preclara valoración. Marx, como sabemos, reconoce y exalta los avances formidables de la burguesía, al mismo tiempo que señala sus limitaciones:

A cada etapa de avance recorrida por la burguesía corresponde una nueva etapa de progreso político (Manifiesto Comunista).

Como dice Berman, el capitalismo es, al mismo tiempo, lo mejor y lo peor que le ha pasado al género humano.

Pasemos ahora a la dictadura del proletariado. Marx dice, para comenzar, que hay una diferencia sustancial entre esta dictadura y las precedentes: mientras las anteriores fueron dictaduras de minorías sobra la inmensa mayoría, se trata ahora de instaurar la dictadura de la inmensa mayoría sobre una minoría.

Aclaremos que esa dictadura es, además, según el propio Marx, un régimen transitorio, es decir, una dictadura que camina hacia su disolución (y esta es otra diferencia fundamental con sus predecesoras). Pero no nos adelantemos todavía a la cuestión de su disolución, y terminemos de dilucidar las características que debe tener ese régimen transitorio.

Si la dictadura de la burguesía, siendo de una minoría, pudo establecer conquistas como el voto universal, la democracia parlamentaria y, en general, los derechos humanos, ¿no es lógico que la dictadura del proletariado, la dictadura de la inmensa mayoría, fortalezca, amplíe y aumente esas libertades democráticas, en lugar de conculcarlas?

No llegó a ocurrir tal cosa en los regímenes que intentaron establecer el socialismo en países semifeudales porque, como lo decía la propia teoría marxista, era imposible pasar al socialismo en países donde, por no existir todavía la dominación de la burguesía, tampoco se había desarrollado el proletariado.

Pero una verdadera dictadura del proletariado, cuando llegue a establecerse, ¿no debería ser, por definición, la más amplia de las democracias hasta ahora conocidas? ¿Puede esa amplia democracia conculcar la libertad de organización, la libertad de prensa, el voto universal y secreto, y todas las demás libertades por las que el proletariado derramó su sangre cuando, junto a la burguesía, logró el derrocamiento de la monarquía y la nobleza feudales?

No solamente no puede, ni debe, conculcar esas libertades. ¡Debe y puede hacerlas más amplias! Se trata, dijimos de la dictadura de la amplia mayoría sobre una minoría, y se trata, además, de una dictadura transitoria, en camino hacia su disolución.

Los derechos humanos, esa gran conquista de los ciudadanos, no solamente deberán ser reconocidos y defendidos mejor que nunca en la dictadura del proletariado, sino ampliados. Lo que resulta inconcebible es pensar que puedan ser recortados de manera alguna.

Marx y Engels no se extendieron en el esclarecimiento de las características del la dictadura del proletariado, pero, si seguimos el hilo de su razonamiento, como lo hemos trazado aquí, la cuestión no merece ninguna duda. Hay, sin embargo, un texto que resuelve, a nuestro juicio, de manera explícita y definitiva este falso dilema, redondeando y aclarando lo que en la Crítica del programa de Gotha era solo un enunciado.

Se trata de la Crítica del programa de Erfurt, escrita por Engels en 1891:

Está absolutamente fuera de duda que nuestro partido y la clase obrera sólo pueden llegar a la dominación bajo la forma de la república democrática. Esta última es incluso la forma específica de la dictadura del proletariado, como lo ha mostrado ya la Gran Revolución francesa.

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Por: Atilio A. Boron |Rebelión

Es indiscutible que la inesperada y prematura desaparición de Néstor Kirchner tendrá un enorme impacto sobre la vida política argentina. Sucintamente podría decirse, primero, que con él desaparece el político más influyente de la Argentina, el que marcaba la agenda de la discusión pública y el ritmo de la vida política nacional.

Segundo, que durante su gestión como presidente cambió el rumbo por el que venía transitando la Argentina -muy especialmente en materia de derechos humanos y política internacional, pero también con una ejemplar renovación de la Corte Suprema, reparando las vejaciones que en este rubro, como en tantos otros, había cometido el menemismo.

Tercero: desaparece con su muerte el único que reunía las condiciones requeridas para contener, como ningún otro, la compleja y turbulenta realidad del peronismo, cuyas pugnas internas en épocas pasadas sumieron al país en gravísimas crisis institucionales. Éste tal vez sea el más serio desafío con el que tendrá que lidiar la presidenta.

Cuarto, su muerte la priva de una compañía irreemplazable: durante décadas Néstor Kirchner no sólo militó codo a codo con ella, sino que también fue su consejero, aliado y confidente. Su desaparición deja un vacío muy grande en la Casa Rosada. Pero, contrariamente a muchas malintencionadas especulaciones expresadas en estas horas, la presidenta es una política hecha y derecha y, además, una mujer de mucho temple y carácter y que seguramente sabrá sobreponerse a su inmenso dolor y honrar la memoria del ex presidente manteniendo con firmeza en sus manos el timón del Estado y evitando que al interior del PJ se desencadene una feroz pelea por la sucesión.

Nada autoriza a pensar en un paralelismo entre su situación y la de Isabel Martínez de Perón ante la muerte de su esposo, en 1974. Ésta no reunía las menores condiciones para gobernar la Argentina, no tenía trayectoria política alguna y el país se hallaba en una situación incomparablemente distinta a la actual, donde la presencia de militares fascistas era el dato más significativo de aquella coyuntura. La de hoy es completamente distinta en todas y cada una de aquellas dimensiones. De todos modos, para responder a los desafíos del momento Cristina Fernández tendrá que contar con mucho apoyo, reforzar su articulación con las clases y capas populares mediante la rápida implementación de políticas sociales y económicas más efectivas (y, en algunos casos, largamente demoradas) y, sobre todo, mantener a raya a los aparatos que se arrogan una representación popular que en realidad no tienen y que pueden interferir negativamente en el crucial último año de su mandato y en sus perspectivas electorales. La Argentina se asoma a una nueva etapa signada por la ausencia del ex presidente: el asesinato de Mariano Ferreyra ya había iniciado este proceso; la muerte de Néstor Kirchner lo acelera y profundiza aún más.

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