A pesar de la decisión del Presidente Ollanta Humala de imponer el orden por la vía represiva frente a las protestas y conflictos sociales vinculados a la gran minería, esto no ha significado la disminución de la tensión social, sino que ha servido para que la emergente oposición de izquierda, se afirme en sus posiciones críticas al modelo económico y en sus cuestionamientos al rumbo que ha tomado el gobierno, que son cada vez más lejanos de las banderas que el Presidente enarboló cuando fue candidato.

La máxima expresión de esa posición ha sido el llamado del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, a sacar al Presidente por no cumplir su palabra, ni honrar sus compromisos, con lo que abandona toda posibilidad de diálogo con el gobierno nacional, más allá de quien sea el primer ministro, a lo que se suma el pedido de cambio de la Constitución de 1993, que no hace sino recoger lo que muchas plataformas de lucha de diversas organizaciones plantean desde hace bastante tiempo.

Frente a este llamado, el gobierno ha reaccionado invocando al Ministerio Público, a través del primer ministro y del presidente del Congreso, a que Santos sea denunciado por el delito de apología de rebelión. La Fiscalía ha respondido prestamente, mostrando al igual que en el caso del alcalde Oscar Mollohuanca una velocidad, pocas veces vista en esta institución. Repitiendo lo ocurrido hace pocos días con el Poder Judicial y la instalación de los juzgados supra provinciales para ver los casos vinculados a conflictos, configurándose así, un escenario político donde los poderes del Estado parecen comenzar a subordinarse al Presidente de la República, tal como sucedía en el época fujimorista, lo que pone en riesgo la propia vigencia del Estado de Derecho.

Sin duda, el presidente regional de Cajamarca, como en el pasado lo hizo el propio Ollanta Humala con el ex presidente Alan García, tiene todo el derecho de proponer la vacancia presidencial y eso no configura delito alguno, ni han puesto en peligro la institución presidencial ni al gobierno. Sin embargo, su postura no contribuye en lo más mínimo a tender puentes con el gobierno y pone de manifiesto que la confrontación es la apuesta de un sector que en otros momentos planteó alguna forma de diálogo –inclusive con el Presidente de la República-, contribuyendo con ello a afirmar la apuesta autoritaria que tan bien representa y lidera el primer ministro.

En Noticias SER consideramos que ni el autoritarismo ni la subordinación de los poderes del Estado al gobierno, ni el maximalismo de la protesta social o los pedidos de vacancia presidencial son la vía para que los conflictos de nuestro país se resuelvan. Si esa vía se reafirma en las próximas semanas, lo más probable es que nuestra precaria democracia vuelva a entrar en una nueva crisis donde la opción autoritaria sea la que se imponga.

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El gobierno del presidente Ollanta Humala ha optado por la represión como medio privilegiado para procesar y resolver los conflictos sociales. Esta opción por alejarse de la búsqueda de acuerdos y consensos, confirma el giro que, iniciado hace varios meses, lo llevó a distanciarse de un importante sector de su electorado y de quienes fueran sus principales aliados en el camino a la Presidencia de la República.

En ese sentido, la detención del alcalde provincial de Espinar, Oscar Mollohuanca, es una suerte de “rubicón” gubernamental, y funciona como una advertencia: Todo aquel que se manifieste contra las políticas del gobierno, no solo será detenido, será tratado como criminal y estigmatizado por los más altos funcionarios públicos, en alianza con diversos políticos de la derecha.

Esta estigmatización cuenta con el activo entusiasmo de los grupos mediáticos que hace apenas un año eran los enemigos jurados de Humala. Dentro de su habitual racismo, los medios de comunicación de alcance nacional dedican titulares, carátulas, editoriales y columnas de opinión a descalificar a la población movilizada de Espinar, sin buscar entender las razones del malestar de quienes son tan ciudadanos y ciudadanas como quienes residimos en la capital de la República.

Por si fuera poco, en medio de la sorpresa y la indignación que ha generado en la provincia la detención del alcalde Mollohuanca, el Primer Ministro ha anunciado que para retomar el diálogo enviará una comisión de ministros a Espinar siempre y cuando haya “orden total”. Para Valdés y lamentablemente para varios de sus ministros, el diálogo es en realidad sinónimo de monólogo.

Con este editorial, en Noticias SER expresamos nuestro rechazo a la arbitraria detención del alcalde Oscar Mollohuanca, y a la opción que el gobierno ha tomado para dar respuesta a los diversos conflictos sociales de nuestro país. Nos reafirmamos en la necesidad de establecer el diálogo como política de gobierno para enfrentar las demandas de la ciudadanía y concertar los intereses en juego. Aunque no es lo que vemos en el horizonte, esperamos que el Presidente de la República recuerde que su mandato no está por encima del respeto de la democracia y los derechos humanos. (editorial SER Perú) http://tercaopinion.tk