El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, calificó como una provocación el comunicado de la Presidencia del Congreso de la República, al pedir a la Fiscalía de la Nación actuar de oficio por, presuntamente, incurrir en apología del delito de rebelión.
Asimismo, señaló que las fuerzas del orden vienen actuando de manera violenta con el propósito de generar un Estado de Emergencia más fuerte en su región.
“Para ellos, las protestas ciudadanas hay que terminarlas a balazos, por lo que se viene ejerciendo presión en las fuerzas policiales para que actúen violentamente y se generen condiciones para un Estado de Emergencia más fuerte. Esta es la represión”, señaló.
Refiriéndose a las declaraciones del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Óscar Valdés, dijo que lo único que busca es desafiarlos.
“El premier dice que está esperando que Yanacocha inicie sus operaciones, constituyendo una provocación cuando ellos saben que este proyecto no cuenta con licencia social ni aporte ambiental”, señaló.
(fuente RPP)
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Carta de renuncia de Javier Diez Canseco y Rosa Mavila
Lima, 04 de junio 2012
Señor:
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente del Partido Político Nacionalista Gana Perú Presente.-
La presente tiene por objeto comunicarle nuestra decisión irrevocable de renunciar a la bancada del Partido Nacionalista- Gana Perú. Las razones que están a la base de ella son diversas y de fondo. La primera es haber faltado a su palabra y a los compromisos contraídos con el país. Nuestra opción por una política de cambio en nuestro país fue el eje que presidió nuestro actuar desde que constituimos Gana Perú y, luego, cuando fuimos elegidos. Cabe señalar que inmediatamente después de la segunda vuelta y luego del triunfo electoral usted mismo nos comunicó la decisión unilateral de dar por terminada la alianza Gana Perú y desarrollar su actividad exclusivamente como partido. Este escenario se agravó con los cambios ministeriales adoptados a fines del 2011, en los que se impuso una orientación confrontacional y no de diálogo con el pueblo en el caso de Conga en Cajamarca. Los que habían sido derrotados en las elecciones pasaron a cogobernar y a imponer sus criterios autoritarios y de subordinación a los grandes grupos de poder económico, en espacios decisivos, contradiciendo lo prometido al país.
Nos parece increíble que el Primer Ministro de un gobierno que le cerró el paso a la restitución del fujimorismo, con su secuela de corrupción y violación a los derechos humanos, sea un admirador del pragmatismo dictatorial y agravie a la Comisión de la Verdad y Reconciliación -CVR- y a quienes presentaron su doloroso testimonio ante ella.
En la gestión gubernamental, si bien se han dado avances como el fortalecimiento de Petro Perú, el Poliducto del Sur y la Petroquímica, se mantuvo en lo fundamental la política económica neoliberal. Las políticas son cada vez más limitadas:
La Ley de Consulta Previa fue deformada por su reglamento.
Los Programas Sociales se focalizaron renunciando a su universalización.
No se aplicó el impuesto a la sobre ganancias mineras sustituyéndolo por un ligero cambio a la Ley de Regalías.
No se modificaron sustancialmente las políticas laborales ni la negociación colectiva (services, contratas, CAS).
La lucha anticorrupción carece de una estrategia adecuada mientras que el narcotráfico se profundiza impunemente.
Se continúa con una política inconstitucional de privatizaciones (caso Muelle Norte).
No se ha avanzado en garantizar la seguridad ciudadana.
Se ha promovido la enorme concentración de la propiedad de la tierra y la venta a poderosos grupos económicos de tierras irrigadas con gran subsidio estatal (Olmos).
La conflictividad social heredada sigue en ascenso, la capacidad de diálogo se recorta o anula provocando condiciones que abren las puertas a choques que ya han provocado doce muertos y numerosos heridos entre civiles y policías. Frente a una actuación del Estado que no tiene autonomía respecto de la gran minería los problemas ambientales y sociales se agudizan con casos emblemáticos en Cuzco, Cajamarca, Ancash, Arequipa y Tacna. En lugar de desarrollar una zonificación del territorio nacional, impulsar la consulta previa y establecer mecanismos de diálogo preventivo y de licencia social, el gobierno aplica con facilidad el estado de emergencia y desconoce el diálogo con las organizaciones sociales. Esta política no hace sino alentar el violentismo y la militarización del país.
Muy preocupante es también que se pretenda minimizar un horizonte integrador latinoamericano que representa UNASUR favoreciendo más bien el Acuerdo del Pacífico tal como proponía Alan García.
En el Congreso, la ausencia de democracia interna en la bancada parlamentaria ha llevado a que no definamos colectivamente una agenda ni los espacios de responsabilidad política ni hayamos tenido acceso a información oportuna sobre las propuestas legislativas puestas a debate. Ello marcó un estilo parlamentario carente de iniciativa y de cohesión. Asimismo la problemática que es de preocupación de los parlamentarios de provincias no se trabajó con seriedad, todo lo cual obstaculizó el funcionamiento de la bancada al ponerse por delante criterios de una supuesta "lealtad" antes que principios y políticas que favorezcan a las mayorías. Dejamos constancia de nuestro pleno apoyo a la Congresista Verónica Mendoza y a su compromiso con el pueblo que la eligió y exigimos la inmediata libertad del alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz. Consideramos que es necesaria la instalación de una Mesa de Diálogo para Espinar y Cajamarca.
Todo lo antedicho sustenta nuestra decisión de renuncia a la bancada Nacionalista Gana Perú reafirmando plenamente nuestra convicción democrática y nuestro compromiso con la justicia social y las mayorías del país. Ello no anula nuestro aprecio y respeto a otros compañeros de bancada y la posibilidad de coincidir en aspectos específicos en el futuro.
Sin otro particular, le expresamos los sentimientos de nuestra consideración. http://tercaopinion.tk
El gobierno del presidente Ollanta Humala ha optado por la represión como medio privilegiado para procesar y resolver los conflictos sociales. Esta opción por alejarse de la búsqueda de acuerdos y consensos, confirma el giro que, iniciado hace varios meses, lo llevó a distanciarse de un importante sector de su electorado y de quienes fueran sus principales aliados en el camino a la Presidencia de la República.
En ese sentido, la detención del alcalde provincial de Espinar, Oscar Mollohuanca, es una suerte de “rubicón” gubernamental, y funciona como una advertencia: Todo aquel que se manifieste contra las políticas del gobierno, no solo será detenido, será tratado como criminal y estigmatizado por los más altos funcionarios públicos, en alianza con diversos políticos de la derecha.
Esta estigmatización cuenta con el activo entusiasmo de los grupos mediáticos que hace apenas un año eran los enemigos jurados de Humala. Dentro de su habitual racismo, los medios de comunicación de alcance nacional dedican titulares, carátulas, editoriales y columnas de opinión a descalificar a la población movilizada de Espinar, sin buscar entender las razones del malestar de quienes son tan ciudadanos y ciudadanas como quienes residimos en la capital de la República.
Por si fuera poco, en medio de la sorpresa y la indignación que ha generado en la provincia la detención del alcalde Mollohuanca, el Primer Ministro ha anunciado que para retomar el diálogo enviará una comisión de ministros a Espinar siempre y cuando haya “orden total”. Para Valdés y lamentablemente para varios de sus ministros, el diálogo es en realidad sinónimo de monólogo.
Con este editorial, en Noticias SER expresamos nuestro rechazo a la arbitraria detención del alcalde Oscar Mollohuanca, y a la opción que el gobierno ha tomado para dar respuesta a los diversos conflictos sociales de nuestro país. Nos reafirmamos en la necesidad de establecer el diálogo como política de gobierno para enfrentar las demandas de la ciudadanía y concertar los intereses en juego. Aunque no es lo que vemos en el horizonte, esperamos que el Presidente de la República recuerde que su mandato no está por encima del respeto de la democracia y los derechos humanos.
(editorial SER Perú)
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